Por Gustavo Demartin (*)
Universidad Nacional de Quilmes
gdemartin@gmail.com
¿Cómo citar? Gustavo Demartin (2025). Tensiones en el desarrollo territorial argentino contemporáneo: del Anarcocapitalismo libertario al semio-capitalismo de plataformas. En Revista Estudios del Conurbano N°2 /Año II /Octubre 2025 N°2. Perspectivas a futuro. Programa Doctorado en Estudios del Conurbano / CONUSUR – “Colaboratorio Universitario de Ciencias, Artes, Tecnología, Innovación y Saberes del Sur”. – Universidad Nacional de Avellaneda – Universidad Nacional Arturo Jauretche – Universidad Nacional del Oeste – Universidad Nacional de Moreno – Universidad Nacional de Hurlingham – Universidad Nacional de Quilmes – Universidad Nacional de José Carlos Paz. Accedido desde: [https://conusur.org.ar/revista-estudios-del-conurbano/].
Resumen
El artículo analiza las tensiones -vigentes desde 2023- entre la política libertaria de corte anarcocapitalista y el enfoque en capacidades aplicado al desarrollo territorial en Argentina. Se examina cómo el retiro del Estado como regulador y promotor de políticas públicas abre interrogantes sobre el futuro del desarrollo económico y social, y cómo este vacío puede ser ocupado por dinámicas propias del capitalismo de plataformas. A partir del debate con autores como Gutiérrez, Acemoglu & Robinson, Piketty, North, Han y Srnicek, se discuten los efectos de la desinstitucionalización, la concentración de poder en corporaciones digitales y la precarización laboral. Finalmente, se plantea la necesidad de repensar la institucionalidad y las políticas públicas frente a la incertidumbre y las transformaciones globales, subrayando el papel central de las capacidades humanas como eje ético y social en la redefinición del territorio.
Palabras Claves
Libertarismo – Enfoque en capacidades – Desarrollo territorial – Institucionalidad – Capitalismo de plataformas – Políticas públicas
Una de las controversias que plantea la política de laissez-faire del libertarismo anarcocapitalista gira en torno a la regulación de los territorios. Es aceptado que la regulación ordena y orienta las políticas de crecimiento y desarrollo local. El enfoque en capacidades, en particular, sostiene (Gutiérrez, 2024) que “la ampliación de las capacidades de las personas depende de las condiciones regulatorias en un marco territorial como condición para el desarrollo humano”. A la complejidad del territorio argentino se suma la encrucijada que introduce el desembarco de la política libertaria en la conducción nacional y el retiro explícito del Estado como motor y rector del desarrollo. Surgen así preguntas clave: ¿quién conduce el desarrollo en una sociedad anarcocapitalista? ¿Emergerán finalmente las supuestas fuerzas ordenadoras del libre mercado?
Con esta perspectiva, el multifacético concepto de “desarrollo económico” se ve postergado y difuso en el horizonte cercano. Tal vez, como asegura Gutiérrez (2024, 283) siguiendo a Acemoglu & Robinson (2012), actualmente “no existen recetas comunes más allá de las prácticas necesarias en la gestión de agregados macroeconómicos estables, la preservación de los recursos naturales y la expansión necesaria de los mercados (abiertos) como medios para mejorar la distribución del ingreso”. Es por ello que, en muchas provincias que poseen una larga tradición de desarrollo orientado a capacidades, se continuará con el análisis de las condiciones territoriales y la planificación de estrategias para la construcción de políticas que consoliden procesos institucionales, en definitiva, confrontando con las políticas nacionales. Cabe preguntarse de dónde saldrán en las provincias los recursos para la puesta en marcha de las políticas públicas, ya que esa “retirada estatal” se instrumenta a partir de la desfinanciación de obras, incentivos y cierre de entidades.
En las antípodas de este pensamiento, Piketty propone la sustitución completa del sistema de “propiedad” y privativo actual y, en su lugar, elabora una ingeniería de teorías económicas que combina “la propiedad social y el reparto de los derechos de voto en las empresas; por otra, la propiedad temporal y la circulación del capital”, con el objetivo de alcanzar una “superación del capitalismo” (Piketty, 2019, 935). Su propuesta no es una abstracción fantástica, sino que está sólidamente fundada en experiencias y estudios serios de la historia de la economía mundial. Piketty concibe un fortalecimiento del Estado centralizador y gestor administrador del territorio y sus flujos económicos. No elimina el capitalismo, más bien lo imagina al servicio de lo social, lo cual implica la creación de instrumentos para actuar decididamente sobre las rentas del capital. Así, el pensamiento de Piketty (2019, 944), en las antípodas de los consensos del libertarismo nacional, marca la condición de posibilidad para pensar universos de discursos económicos alternativos en la visión del territorio, la renta y la dinámica de la economía real.
Es la confiabilidad institucional la que brindó sostenibilidad en el tiempo a las variables económicas. Como sostiene North, “nada tiene de automática la evolución de la cooperación de formas simples de contratación e intercambio a formas complejas que han caracterizado a las economías exitosas de los tiempos modernos” (North, 1990, 52). En Argentina, las instituciones han buscado cumplir ese rol sin éxito aparente, cuyo resultado es una disparidad entre el crecimiento del ingreso per cápita en relación con la reducción de la pobreza, con infraestructuras y niveles de educación y salud insuficientes. Es decir, no colaboró con la promoción de una distribución equitativa de la riqueza, habilitando a los analistas libertarios a poner en duda las bondades de un modelo de desarrollo y a cuestionar los resultados de las políticas implementadas en las últimas décadas en el país. Ese insistente cuestionamiento, vivenciado como fracaso, profundizó la individualización, fragmentó el sujeto social (Gutiérrez, 2024) y, en definitiva, posibilitó en 2023 el acceso al poder del libertarismo y el desmantelamiento de las instituciones públicas.
La ausencia de modelos de desarrollo puede indicar que estamos frente a un cambio de paradigma, una evolución del capitalismo orientado, a lo que Srnicek llama “Capitalismo de plataformas” (2016). Srnicek analiza cómo las plataformas digitales han establecido una nueva forma dominante de organización económica y busca explicar esas transformaciones económicas y sociales provocadas por la economía digital. Su condición de “aparatos extractores de datos” (Srnicek, 2016, 49) les permite organizar la información y los flujos de intereses económicos. El libertarismo y las nuevas derechas, de algún modo, se han adecuado a esta tendencia y se expanden a partir de las plataformas.
A partir de las intermediaciones digitales se van creando condiciones de posibilidad y tendencias de las cuales surgen nuevas, inesperadas e insólitas relaciones políticas, ideológicas y también una perspectiva económica. Estas dinámicas permiten crear alianzas de poder transnacional bajo una ideología que, por ahora, el libertarismo (en nuestro medio) resume y capitaliza bastante bien. Usuarios y corporaciones interactúan, se potencian y se expanden aprovechando los efectos de red, donde el valor de la plataforma aumenta con el número de usuarios (y las interacciones: likes, compartidos, reacciones), retroalimentando una cadena de beneficios de renta entre determinados usuarios. A través de lo que Han (2014) llama la Big Data se recopilan, analizan y utilizan grandes cantidades de datos que, con algoritmos, bots e IAs, adecuan sus servicios y permiten a ciertos sectores obtener ventajas competitivas, que con el aumento del volumen de transacciones crean economías de escala agrupadas por nichos.
En estas redes de producción económicas entramadas por la información se producen operaciones simultáneas en las que operan a la vez múltiples sectores y mercados, imbricando comercio electrónico, marketing, influencias, publicidad, diseño, pero también productos artesanales situados exclusivamente en la nube. Además de la proliferación de iniciativas de usuarios individuales, el desarrollo de ChatGPT y el ecosistema IA es la punta de lanza para la potenciación de una nueva etapa en el capitalismo de plataformas, y la tendencia parece orientarse hacia la fusión corporativa y, por consiguiente, la creación de monopolios monumentales, cada vez con mayor incidencia en las territorialidades políticas. Estas empresas no solo se apropian de la información, “se están convirtiendo en dueñas de las infraestructuras de la sociedad”, por lo que las tendencias monopólicas de estas plataformas deben tenerse en cuenta en cualquier análisis que se haga de sus efectos en la economía en general (Srnicek, 2016, 86). Esa concentración exacerbada del poder oligopólico, que cambia o modifica los sentidos de la “competencia”, función clásica del capitalismo, crea un escenario incierto de asimetrías y desfasajes que oscurecen la posibilidad de pensar otros valores asociados al desarrollo, como la equidad y la igualdad, entre otros.
Claramente, en pleno desarrollo expansivo, se presenta como una de las principales amenazas al orden político moderno de las soberanías nacionales, que hasta hoy fueron las que dominaron y condujeron los esquemas regulativos y los marcos de desarrollo económico en los territorios. Muy por el contrario, hay una creciente demanda de estos sectores reclamando el cambio en los estándares regulatorios o pidiendo la eliminación de regulaciones. Conceptos clave de los modelos de desarrollo clásicos, como el de “desigualdad”, no pertenecen a la agenda del nuevo “territorio virtual”, donde las actividades lucrativas no parecen asumir ninguna responsabilidad “social” y se manifiestan ajenos a las vicisitudes humanas de los “usuarios”, que no son vistos ni reconocidos como “ciudadanos digitales”.
Por otra parte, la recolección masiva de datos plantea nuevas relaciones en la disputa por el control de la información, lo que tiene como consecuencia una nueva condición de “privacidad”. Es interesante discutir si los cambios precipitados por la tecnología y descritos, anticipados y estudiados por Berardi (2007), Han (2014) y Srnicek (2016), entre otros, responden a un nuevo paradigma y, en tal caso, hasta qué punto obligará a repensar la regulación y la política pública. También queda como interrogante cómo se verán modificadas las relaciones económicas del territorio real. En este sentido, es lícito preguntarse de qué modo el enfoque en capacidades (Nussbaum, 2012; Sen, 2000) deberá confrontar o adaptarse a un nuevo estadio del capitalismo. Es preciso analizar si las consecuencias de estos cambios coinciden filosóficamente con sus principios éticos.
Lo cierto es que, a partir de las condiciones descritas, parece evidente que emerge un nuevo sentido del territorio y queda pendiente pensar en el lugar de las políticas públicas. Fundamentalmente, para determinar si debe retirarse de los mismos, como efectivamente proponen las tendencias libertarias, o rearticularse y construir nuevos espacios de integración. Sea como fuere, entre las consecuencias de fondo que provocan los cambios hacia un semio-capitalismo de plataformas (Berardi, 2007), cuyo principal valor se sostiene en la generación, circulación e intercambio de signos y emociones, se encuentran las condiciones de flexibilización laboral que generan inestabilidad y disminución de derechos, el control cibernético de datos y la manipulación de los mercados de la información, que se asemejan a prácticas totalitarias y antidemocráticas.
Desde la perspectiva del enfoque de las capacidades, la esfera digital y territorial no se agota en garantizar la mera existencia de infraestructura tecnológica o conectividad; implicaría atender condiciones tales como el acceso efectivo a dispositivos y competencias digitales, la posibilidad de ejercer la libertad de expresión y participar en espacios de deliberación pública, la protección de la privacidad y la autonomía frente a la vigilancia, así como la promoción de usos creativos y educativos de las tecnologías. En el plano territorial, este enfoque subrayaría la necesidad de reducir las brechas entre áreas urbanas y rurales, asegurando que la infraestructura habilite oportunidades en ámbitos como la educación, la salud o el empleo, y reconociendo la diversidad cultural y lingüística de las comunidades. De este modo, la esfera digital se entiende no solo como un medio técnico, sino como un espacio que puede ampliar o restringir capacidades fundamentales, en función de cómo se articulen las políticas públicas y las condiciones locales, algo que, sin políticas públicas e institucionalidad, no parece ser una condición emergente del mercado digital.
Las instituciones como modelos instrumentales de la política moderna tenían el propósito de orientar, dar certidumbre organizacional y validar estatutos de gobernabilidad. Pero, ante un panorama de persistente transformación, va quedando claro que el enfoque en capacidades posee una perspectiva social y humanista que rivaliza con posiciones cibernéticas, más situadas en el poshumanismo individualista, lo que Sadin (2023) llamó “la negación implícita del prójimo”. Entonces, lo que se pone en juego en el horizonte no es una disputa entre visiones antagónicas de órdenes dicotómicos del tipo capitalismo vs. socialismo, sino una fuerte confrontación en torno a qué tipo de capitalismo veremos surgir de estas transformaciones (Fischer, 2016).
Las instituciones públicas, a partir de las cuales se ejecutan las políticas públicas, son las principales afectadas. En este contexto, las demandas de las sociedades cibernéticas no solo exigen calidad institucional y transparencia, sino que ponen en crisis el mismo concepto de “institucionalidad”. Ahora bien, en la medida que las mismas se retiran, se debilitan o se eliminan, crecen las condiciones caóticas del sistema social, cultural y económico. En caso de profundizarse un modelo antiinstitucional, ¿cómo han de articularse las políticas fiscales, monetarias y comerciales que faciliten un entorno favorable para la inversión y la producción? ¿Sin instituciones que coordinen y reglamenten los procesos productivos y establezcan condiciones de desarrollo competitivo, cómo habrán de integrarse las economías regionales y locales a la economía global?
El modelo libertario pretende una especie de autoorganización de “mercado”, que, por el momento, posee condiciones más metafísicas que físicas. Sin instituciones tampoco hay formas claras de distribución de la riqueza, ni siquiera formas de medición de ingresos y de nivel de vida de la población, ya que el interés público no estaría representado. Y, fundamentalmente, el concepto clave que se desmorona en la desarticulación institucionalizada de las relaciones sociales y políticas heredadas de la modernidad es el de bien común.
Como fenómeno histórico, sujeto a cambios y tensiones en pugna, la economía política de las plataformas cumple un papel decisivo en la influencia ideológica de los actores intervinientes y tiene consecuencias aún no soslayadas sobre la regulación (institucionalizada o sus imaginarios instituidos en el sentido de Castoriadis) de los territorios.
Pero atención, la tendencia nacional a eliminar las institucionalidades que promueven el bien común no puede ser practicada sin desafíos interesantes para las autoridades públicas locales, como gobernadores e intendentes, que enfrentan las problemáticas en el territorio de la economía real, en el que abundan el creciente desempleo, el aumento de la inseguridad, la pobreza y la indigencia, frente a lo cual se expanden también las demandas más básicas y fundamentales de la población. Las fuerzas del territorio (del suelo) finalmente producirán una nueva institucionalidad que, lejos de eliminarlas, puede resultar fortaleciéndolas.
(*) Gustavo Demartin es Profesor de Filosofía Especialista en Docencia Universitaria (UNLP) y Doctorando en Estudios del Conurbano (UNAJ–CONUSUR). Posee estudios superiores en Desarrollo Sustentable (UNLA). Se especializa en epistemología, filosofía de las ciencias y metodología de las ciencias sociales. Posee una amplia trayectoria docente en UNLP y UNQ. Como investigador ha integrado equipos interdisciplinarios de gestión ambiental y sustentabilidad junto a FLACAM y UNLA, y participa en proyectos de investigación vinculados a epistemología, democracia, salud mental y cultura de poder. Coordina el grupo de estudio del departamento de CS Soc UNQ “Filosofía en el Ágora” con el cual integra el Observatorio de Prácticas Públicas de Historia y Filosofía (UNQ). Desarrolla una activa labor de divulgación científica en medios de comunicación universitarios y nacionales.
Bibliografía
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